A principios de 2018 pudimos saber por medio de Gregorio Serrano que el gobierno español planea una reforma de la Ley de Tráfico para entre otras cosas introducir clases presenciales obligatorias para obtener el carnet de conducir, argumentando que en la actualidad muchos alumnos se están presentando en masa sin tener los conocimientos y aptitudes necesarias llegando esto a colapsar las delegaciones de la Dirección General de Tráfico. Este argumento es tremendamente falso por varios motivos.
La tasa de 90 euros, objetivamente excesiva, compensa el colapso.
Si el colapso fuese realmente cierto, ¿la tasa que abona el usuario en concepto para qué demonios sirve? Se supone que las tasas en concepto de examen se abonarán para compensar el trabajo extra que realiza el funcionario además del uso de instalaciones, a pesar de que ahora los exámenes se hagan por ordenador.
